Trabajadores de las instalaciones deportivas y las piscinas se concentran ante el Ayuntamiento de Lugo

De hecho, el secretario de Organización de la Federación de Servizos Públicos de CC.OO en Lugo, Dionisio Fernández Couso, hizo un llamamiento a la patronal para que “reflexione” sobre las condiciones laborales de este colectivo, dado que los sindicatos habían alcanzado un “preacuerdo” para que los trabajadores de instalaciones deportivas llegasen a percibir un salario “mínimo” de 1.000 euros en el año 2013.

Fernández Couso recordó que en estos momentos hay trabajadores de instalaciones deportivas que cobran “713 euros” al mes, por lo que pidió “a los empresarios de este país” que piensen si esa cantidad se puede considerar “un salario digno” hoy en día.

Por su parte, Carmen Antas, de la Federación de Servizos Públicos de la CIG, confirmó que este sindicato presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo contra el Ayuntamiento de Lugo, por conculcar el “derecho a la huelga” de los trabajadores de la piscina municipal de As Pedreiras.

Según Carmen Antas, miembro de la Executiva Nacional del sindicato, el Gobierno local autorizó la apertura de estas instalaciones para que se disputase el sábado un campeonato de natación organizado por “un club privado”, a pesar de que el recinto estaba cerrado por las movilizaciones del personal que se ocupa de su mantenimiento.

Antas recordó que la piscina de As Pedreiras está cerrada desde el pasado 2 de febrero, cuando los trabajadores de estas instalaciones se sumaron a la huelga convocada en toda Galicia para presionar a la patronal de cara a la negociación de un convenio colectivo.

BNG

El grupo municipal del BNG, a través de su portavoz, Anxo Lage, pidió la mediación del concejal de Deportes de Lugo, José Manuel Díaz Grandío, para que los empleados de instalaciones deportivas puedan llegar a un acuerdo con la empresa que se ocupa de su gestión.

Lage recordó que en estos momentos no hay ninguna piscina municipal en servicio en el Ayuntamiento de Lugo y que este conflicto le afecta directamente a 57 trabajadores, que prestan servicio a través de la empresa concesionaria, a la que las arcas públicas le pagan anualmente 865.000 euros.