El proceso que les enfrentaba con los constructores de la piscina cubierta.

La justicia le ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Benifaió para abonar casi medio millón de euros tras haber perdido una sentencia en el proceso que les enfrentaba con los constructores de la piscina cubierta.
Sin embargo, las arcas del Ayuntamiento de Benifaió no pueden hacer frente actualmente a esta deuda y el Consistorio ya ha pedido una tregua a la justicia. Cabe apuntar que el equipo de gobierno popular y las firmas discrepaban sobre la última cantidad que se debía pagar a la hora de hacer un modificado, por lo que todo acabó en los tribunales al persistir el desacuerdo.
Ahora, y con una sentencia firme de por medio, el Ayuntamiento es consciente de que debe pagar esta cantidad, pero no ahora. Así, pide al juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia que no acepte la solicitud de las empresas de aplicar el aumento de intereses previstos en la ley y que se aplique la normativa que permite atrasar el pago hasta noviembre de este año. Desde el Ayuntamiento advierten, eso sí, de que si pudieran disponer de efectivo con anterioridad realizarían el pago que, en el mejor de los casos, sería en el mes de agosto.
El propio Consistorio recuerda que en el informe de intervención del pasado 24 de febrero se explicaba que la «situación actual de las finanzas municipales no permite hacer frente al gasto en estos momentos».
Fuentes municipales señalaron que la cantidad exacta a la que debe hacer frente de manera irremediable, pues la sentencia es firme, es de 479.000 euros, lo cual incluye los intereses y el final de la obra. Sin embargo, desde la oposición socialista, su portavoz Xavier Martínez elevó, por los intereses de demora, hasta los 600.000 euros la cantidad que tendrá que pagar «por la negligencia e incompetencia de la alcaldesa popular Amparo Arcís, que a este paso dejará las arcas públicas en una total insolvencia».
Incluso, los socialistas afirman que la constructora ha solicitado, si fuera necesario y en última instancia, «el embargo de las cuentas municipales». Este extremo es negado desde el gobierno, que se mostró dispuesto a pagar pero tras negociar el aplazamiento del pago sin un incremento de intereses.